Un episodio curioso durante las Cortes Constituyentes de Cádiz y don Pedro de Quevedo y Quintano, arzobispo de la diócesis de Orense
A. Risco, en "Razón y Fe", año 26, nº 297, tomo 74, fasc. 5, págs. 438-447

La conducta de nuestros legisladores gaditanos con el virtuoso Prelado de la diócesis de Orense, fue a todas luces injusta.

D. Pedro de Quevedo y Quintano había nacido en Villanueva del Fresno, del Reino de Extremadura, el 12 de enero de 1736, cuarto hijo de D. José e Quevedo y Camero y doña Juana Quintano y Vargas Machuca, ambos de esclarecido linaje.

De sus primeros estudios dice el mismo Prelado:


El Obispo de Orense, siendo Cardenal

“Educados todos los hermanos en el Seminario de Nobles de Madrid, dirigido por los padres de la Compañía, el tercero y el Obispo, que es el cuarto, han seguido la carrera eclesiástica, aprendiendo la Gramática en el colegio de la Compañía de Jesús de Badajoz, como convictores, y pasando ambos a estudios mayores al seminario de San Bartolomé y Santiago el Mayor, de la ciudad de Granada, puesto también entonces a la dirección de los Jesuitas. Se recuerda esto del Obispo por su gratitud y reconocimiento a sus maestros y directores, y porque puedan valerse de esta noticia los que aun se hallen ocupados en esta materia” [1]

Concluidos sus estudios, ganó en 1757 la canonjía lectora de Zamora; después la de Magistral de Salamanca, y en 1776, por muerte del Obispo de Orense D. Alonso Franco, fue elevado as esta dignidad, a pesar de haberla ido rehusando por espacio de un año. Poco después rehusó la Sede Arzobispal de Sevilla, que el Rey Carlos III le ofreció, en 1781, dando por razón que “Si salía de Orense para aceptar una mitra más lucrativa, su conciencia le iba a decir que repudiaba a su primera esposa por hallarla demasiado pobre”.

Célebre se hizo por el empeño en reformar su diócesis, por su asidua predicación y por la claridad inagotable con los desvalidos, en especial con los sacerdotes emigrados franceses, que la revolución hizo venir en número de más de 10.000 a buscar refugio en España. Unos 300 mantuvo el Obispo de Orense a sus expensas, de suerte que Luis XVIII le escribió enviándole la insignia de la Orden de la Flor de Lis para que se la impusiera al sacerdote francés que más la mereciese entre los desterrados por la causa de la fe.

Al estallar en España el glorioso alzamiento nacional, que siguió a las escenas madrileñas del 2 de Mayo de 1808, fue nombrado el Obispo de Orense Presidente de la Junta de Galicia, y tuvo que salir de su ciudad a la entrada del duque de Dalmacia, aunque volvió pronto, porque la proximidad del marqués de la Romana hizo salir del territorio a los franceses.

Quiso Napoleón convocar las famosas Cortes de Bayona, y entre los llamados a ellas fue uno el Obispo de Orense. El digno Prelado se excusó de ir, pero envió un manifiesto, patriótico y valiente, que tuvo resonancia en toda España, y uno de cuyos párrafos dice:

“Si se trata de curar males, de reparar perjuicios y mejorar la suerte de la Nación, ¿se hace esta cura a petición de la enferma? ¿No hay llagas tan sensibles que se exasperan con cierta clase de medicamentos?”

Hace enseguida un recuento de las conclusiones hechas por Napoleón a nuestros Reyes, y saca esta consecuencia:

“Nada sería tan glorioso para el grande emperador Napoleón, que tanto se ha interesado en ellas, como devolver a España sus augustos monarcas y familia, disponer que dentro de su seno y en unas Cortes generales del Reino hiciesen lo que libremente quisiesen, y la Nación misma, con la independencia y soberanía que la compete, procediese en consecuencia a reconocer por su legítimo rey al que la naturales, el derecho y las circunstancias llamasen al trono español” [2]

La guerra de la Independencia siguió sus pasos, y a 25 de septiembre de 1808 se formó en Aranjuez la Junta Central.

Desde su instalación, y a propuesta del Consejo que gobernaba antes en nombre de Fernando VII, pensó la Junta Central en convocar las Cortes. Tenía para ello expreso mandato del Monarca, fechado en Bayona a 5 de Mayo, y traído por D. Evaristo López de Castro en su visita al Rey cautivo. Decía el Decreto así:

“En la situación en que me hallo, privado de libertad para obrar por mi mismo, es mi Real voluntad se convoquen las Cortes en el paraje que parezca más expedito; que por de pronto se ocupen únicamente en proporcionar arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino, y queden permanentes por lo demás que pueda ocurrir”.

Como se ve, las Cortes que se trataba de convocar no eran otras sino las antiguas Cortes del Reino, tantas veces reunidas por los Monarcas españoles para deliberar en casos extraordinarios y recabar subsidios para la guerra.

Sin embargo, en el mismo seno de la Junta Central Suprema, bullían ya las larvas de las Cortes liberales de Cádiz. Dos elementos integraban aquella Junta, reunida en Aranjuez.

Al frente de las antiguas tradiciones se puso el anciano y escarmentado Conde Floridablanca, y era precisamente el que con más experiencia podía juzgar de los males que las nuevas ideas pudieran acarrear a España. En contra se agitaban un Melchor Gaspar de Jovellanos, vocal por Asturias, un Lorenzo Calvo de Rozas, vocal por Aragón, y sobre todo un Manuel José Quintana, nombrado, quizás en mala hora para España, secretario general de las cinco secciones que componían la Junta.

El 22 de mayo se aprobó por la Junta la minuta de Decreto. El 29 se nombraron por votos secretos los vocales que habían de componer la Comisión de celebración de Cortes; pero vinieron los trastornos que sabemos hasta caer la Junta Central Gubernativa y ser reemplazada, no por las Cortes, como querían los ya embelesados con ellas, sino por un Consejo de Regencia.

Aquí entra por su cauce el diario de D. Francisco de Saavedra, que comienza así:

“Mes de Enero: Día 29.- En este día la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, reunida en la Isla de León, por real decreto del mismo día, resignó el poder soberano y lo transfirió con la autoridad que ejercía a un Consejo de Regencia que nombró, compuesto de cinco individuos, a saber: el Rvdo. Obispo de Orense, don Pedro de Quevedo y Quintano, el Consejero de Estado don Francisco de Saavedra, el Capitán General del Ejército don Francisco Javier Castaños, el Teniente General de Marina D. Antonio de Escaño, y el Contador General del Consejo de Indias, D. Esteban Fernández de León” [3]

A este último sustituyó muy pronto, el 5 de enero, por cuestiones de salud, D. Miguel de Lardizábal, Ministro que había sido del Consejo de Indias. Vuelve a la escena de nuevo el Obispo de Orense.

Nótese ante todo, y nótese bien, la fórmula de juramento que el tan famoso Conde de Floridablanca escribió para los que habían de componer el Consejo de Regencia, y que se guarda autógrafa en el álbum perteneciente al Excelentísimo Sr. D. Miguel Rodríguez Ferrer, hoja 49. Dice de este modo[4]:

“Fórmula para la jura de los Regentes del Reino, escrita de puño y letra de Floridablanca. ¿Juráis a Dios y a sus Santos Evangelios y a Jesucristo crucificado, cuya sagrada imagen tenéis presente, que el destino y ejercicio de Vocal de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino promoveréis y defenderéis la conservación y aumento de nuestra Santa Religión católica, apostólica, romana; la defensa y fidelidad de nuestro augusto soberano Fernando VII, la de sus descendientes y soberanía; la conservación de nuestros derechos, fueros y costumbres, y especialmente la de la sucesión de a familia reinante y en las demás señaladas en las leyes, y finalmente todo lo que conduzca al bien y felicidad de estos Reinos y mejora de sus costumbres, guardando secreto en lo que fuere de guardar, apartando de ellos todo mal y persiguiendo a sus enemigos, aun a costa de vuestras mismas personas, salud y bienes? –Si, juro. –Si asi lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande mal, como quien jura su santo nombre en vano. Amén.”

En esta fórmula se comprendía todo lo que la Junta Central y luego la Regencia se propusieron: guardar el depósito de la fe española, el también sagrado de la lealtad a sus reyes y familia real, y con ello defender los fueros, derechos y costumbres de los diversos reinos que integran la Monarquía española.

La presencia de la Regencia del Reino se dio al Obispo de Orense.

La labor de los cinco Regentes en el año escaso que desempeñaron su cargo, puesta en duda con una lamentable falta de patriotismo denegada por los historiadores liberales, puede ya saberse y admirarse y agradecerse, leyendo el Diario de Saavedra, donde palpita el amor patrio más acendrado y sano, el trabajo más intenso y duro que la patria pudo exigir a sus cinco hijos en tan difíciles y angustiosos días.

De las investigaciones de la Regencia, consultando los documentos de la antigua Junta Central, se vio que las Cortes debían formarse de los tres Brazos o Estados: Eclesiástico, Noble y General.

Siguieron los miembros de la Regencia estudiando el plan que la Junta Central había adoptado para convocar Cortes, y se halló desde luego la mano oculta de los innovadores de gusto francés y olor a Convección republicana, obrando de un modo algo sospechoso e fraude. Veamos el porqué de la sospecha.

Llamado a consulta D. Martín de Garay, secretario de la disuelta Junta Central, confesó llanamente que en Aranjuez, después de muchos debates (entre los dos partidos del sistema antiguo y del innovador liberal) “habían convenido al fin unánimemente, y resuelto con la debida solemnidad, que las Cortes se convocasen y celebrasen por Estamentos, llamando con la debida distinción el Brazo eclesiástico, el de la Nobleza, y el del Estado general. Pero que con la premura en que los sucesos desgraciados pusieron entonces al Gobierno, cometió el error de expedir separadamente la convocatoria del Estado general, haciéndolo con alguna anticipación a las otras dos convocatorias de los demás Brazos, por parecerle que su ejecución exigía más tiempo. Que después las circunstancias no le permitieron expedir las otras convocatorias (del Brazo eclesiástico y Nobleza) con lo cual el publico ha quedado imbuido en que las Cortes deben celebrarse concurriendo a ellas promiscuamente los individuos de todos los Estados, sin la distinción de Brazos o Estamentos, autorizados por las leyes antiguas y costumbres” [5]

Basta un poco de malicia, de esa que da la práctica de lo que son los hombres, para comprender que la explicación de don Martín de Gay, detrás del cual se columbraba la falange de Toreno, Argüelles, Quintana y demás paladines de las ideas francesas, no era sino un lazo armado a la Junta Central, y después a la Regencia, para triunfar por la astucia, después de haber sido derrotados en verdadero campo abierto.

Ya las demás sesiones que tiene la Regencia sobre el asunto de la convocatoria de Cortes, y que pasan de treinta, no son otra cosa que un urgir continuo de cierto grupito de hombres que capitaneaba el joven Conde de Toreno, arrojados y decididos a vencer, los cuales aprovechándose de la idea que por equivocación había cundido en el vulgo, acosaban a la Regencia para que convoque las Cortes y las convoque sin distinción de los tres brazos, saltando por las leyes españolas, no revocadas, que así lo pedían, y por el decreto del rey Fernando VII, ya copiado, que así también lo preveía.

Se convocaron y abrieron las Cortes cuando aún no habían venido los verdaderos representante de las provincias, y en algunas ni aun siquiera se habían nombrado. De América no había más que uno, el Sr. D. Ramón Power, de Puerto Rico; pero se hallaron en Cádiz suplentes a gusto de los hambrientos innovadores franceses. Cincuenta y tres figuraron en las primeras sesiones en calidad de suplentes [6], y de ellos suplentes por Sevilla, como Rodríguez de la Bárcena, y por Granada, como Dueñas, y por Córdoba como Cea, que eran provincias casi limítrofes de Cádiz. Por el contrario, D. Miguel de Lardizábal, uno de los Regentes, era diputado legítimamente nombrado por Nueva España, y no se admitió[7].

Y dio la coincidencia de que los corifeos de las ideas nuevas eran casi todos suplentes; baste citar algunos nombres ya conocidos por su liberalidad: Agustín Argüelles, era suplente por Asturias; Francisco Gutiérrez de la Huerta, suplente por Burgos; Nicasio Gallego, suplente por Zamora; don Evaristo Pérez de Castro, suplente por Valladolid, y así otros, menos conocidos por la fama, aunque tal vez más liberales en su corazón y en la labor de las Cortes Extraordinarias.

Para América admitió desde luego la Regencia a los suplentes, atendidas las distancias, sobre los de la Península pone este párrafo el Regente, D. Miguel de Lardizábal.

“Hállanse éstos (los futuros suplentes) entre un gran número de forasteros europeos y americanos que de Madrid y diferentes parajes del Reino habían ido a Sevilla, y de allí y de otras partes habían seguido al olor del gobierno y se reunieron en Cádiz. Sería largo de referir las juntas clandestinas que éstos tuvieron, lo que inventaron y los pasos que dieron para estrechar y obligar a que se verificase la reunión de las Cortes. Hubo quien muy poco antes del 24 de Septiembre tuvo el atrevimiento de decir a la Regencia, por escrito y bajo su firma, aunque poniéndolo en boca del publico, que la ambición de mandar de los Regentes era la causa de diferirse las Cortes, y éste, como otros, logró lo que intentó, que era el que le nombrasen diputado” [8]

Por fin se pudieron juntar los Diputados que hacían falta para la ceremonia de la apertura de Cortes, y ésta fue señalada para el día 24 de Septiembre. Los cuatro Regentes se encargaron de redactar la fórmula de juramento que habían de hacer los futuros padres de la Patria, y véase lo que dice Lardizábal sobre esta fórmula, que en fórmula iba a quedar para los Diputados:

“La víspera de esta función se presentaron en el palacio de la Regencia varios diputados, con el deseo de conocer la fórmula del juramento, y entrando en conversación, manifestaron un modo de pensar muy desagradable para la Regencia, y entre otras cosas una grandísima repugnancia y oposición decidida a que en el juramento se hablase de la Casa de Borbón.”

La fórmula del juramento de los Diputados es preciso ponerla, aunque larga, pues enseguida han de variarla los Diputados cuando vayan a jurar a su vez los Regentes. Dice así:

“Juráis la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra alguna en estos Reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la Nación Española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano, el Señor don Fernando VII, todos sus dominios y, en su defecto, a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo el cautiverio y colocarlo en el trono? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación? –Juramos.- Si asi lo hiciéseis...” [9]

La célebre y famosa función del juramento de las Cortes de Cádiz era ya un hecho consumado al terminar la mañana del 24 de septiembre, y concluida la misa pontifical, que celebro el Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Luis de Borbón, y donde se verificó el juramento. Dirigióse después la comitiva al salón donde iban a dar comienzo las sesiones de Cortes. Allí los nuevos diputados quedaron en sesión permanente, y los individuos de la Regencia, dejando sobre la mesa un pliego con la dimisión corporativa de su cargo, salieron de la sala del Congreso.

Entre tanto los Regentes se habían ido a descansar, y por la tarde se reunieron como de ordinario para deliberar en el Palacio de la Regencia. Serían las nueve de la noche, cuando recibieron un mensaje de las Cortes, que todavía estaban en sesión desde por la mañana, avisándoles que no se fueran a sus casas, porque iban a ser llamados a la Sala de Cortes para hacer no sé qué juramento; que se les llamaría dentro de media hora.

Pasó una hora, y otra, y el viejo Obispo de Orense preguntó a Lardizábal que qué hora era; éste, mirando su reloj, respondió que los tres cuartos para las once. El anciano Presidente dijo que tenía que rezar y se retiraba; dejó dicho a sus compañeros que le excusasen delante de los Diputados, y se marchó a su casa.

¿Qué pasaba en la sala de Cortes para detener a los Regentes en la de la Regencia con la expectativa de un juramento? Era el primer chispazo del genial paladín del liberalismo en las Cortes Extraordinarias, D. Diego Muñoz Torrero. Había éste presentado un pliego con once conclusiones para ser aprobadas allí mismo en la primera sesión, que, según el señor Lafuente, “puede decirse que fueron la base y fundamento del edificio político que aquellas Cortes estaban dispuestas a erigir”.

Entre los once postulados, que efectivamente se aprobaron en aquella noche memorable, que fue día para el liberalismo, nos interesan los siguientes: el primero, “declarar que en las Cortes legítimamente constituidas residía la soberanía nacional”. Segundo, que “conformes con la voluntad general de la Nación, juraban de nuevo a Fernando VII por su único Monarca”, y que “anulaban su renuncia hecha a favor de Napoleón”, entre otras causas, “por faltarle el consentimiento de la Nación”.

En la cuarta conclusión se decía que, sin admitir ni rechazar la renuncia de los Regentes, quedasen éstos ínterin en sus cargos, “bajo la expresa condición de que en la misma sesión de aquella noche prestasen el juramento siguiente: ¿Reconoceis la soberania de la Nación, representada por los diputados de estas Cortes Extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes, y Constitución que se establezca, según los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar?”.

He aquí por que se detuvo a los Regentes en el Palacio de la Regencia hasta ya entrada la media noche, en que se les hizo pasar al salón de Cortes y prestar el susodicho juramento, excepto el Obispo de Orense, que había ido a rezar y a dormir a su casa.



[1] El Obispo de Orense escribió someramente su autobiografía en su “Manifiesto a la Nación Española”, págs. 46 a 60.

[2] Manifiesto del Obispo de Orense a la Junta de Bayona, ¡Orense, 29 de Mayo de 1808.

[3] He visto el “Diario de las operaciones de la Regencia”, escrito por don Francisco Saavedra, que existe en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en un tomo de 383 páginas útiles y que publicó don Francisco de P. Quadrado en su “Elogio histórico de don Antonio de Escaño”. Cotejado con las copias que poseo hechas de mano de Saavedra, veo que hay algunas modificaciones y falta sobre todo en el ejemplar de la Real Academia un “Apéndice” sobre “Asuntos secretos de la Regencia”, y otros documentos sobre “Estados y cuentas del egército”.

[4] Cópiala el Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo en su erudita y voluminosa obra “El Dos de Mayo de 1808 en Madrid”, pág. 856. Yo creo que esta fórmula no se hizo para el juramento de los cuatro vocales de la «Junta de Regencia», sino para los vocales de la «Junta Central de Aranjuez», pues lo dice claramente la fórmula. Además Floridablenca había muerto ya cuando se formó la Regencia. Pero como el epígrafe que se pone en este documento dice que se hizo para la Jura de los Regentes del Reino, la pongo así.

[5] Pero el ardid era muy burdo. Dice el Regente D. Miguel de Lardizábal: “La hecha (la convocatoria publicada) era meramente popular, pero al fin de ella había una nota que decía: Se remitira igual a los Representantes del Brazo Eclesiástico y de la Nobleza: mas esto no se había hecho”  Manifiesto de D. Miguel de Lardizábal, pág. 17.)

[6] No dice pues, verdad (y pudo muy bien saberla) el historiador D. Modesto Lafuente, a quien copian los amantes de sus mismas ideas, cuando dice que: “al abrirse las Cortes, juntáronse unos 100 diputados, de ellos las dos terceras partes propietarios”. No hay sino irlas contando en el “Diario de Cortes” del 24 de septiembre en que se inauguró la asamblea, y resultan 55 propietarios y 47 suplentes; es decir, casi por partes iguales. («Historia general de España», por D. Modesto Lafuente, tomo 17, pág. 117. Diario de las Cortes: sesión inaugural, el día 24 de septiembre de 810, págs. 1 y 2.)

[7] Vése el «Diario de las Cortes, 24 de septiembre de 1810.»

[8] Manifiesto de D. Miguel de Lardizábal, pág. 19.

[9] «Diario de las Cortes», Sesión del 24 de septiembre de 1810, pág.2.

A. Risco